El Estado frente a la vejez

La actitud de asumir los desafíos de la vida está condicionada por factores favorecedores y otros que juegan en contra de esa posibilidad, y aquí tiene importante influencia en ambos sentidos las políticas estatales hacia los ancianos.

Es indiscutible que el principio de envejecimiento activo debe presidir las políticas de salud en todos los ámbitos: locales, nacionales e internacionales.

El problema no es ese, sino la distancia que en muchos casos es extrema, entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace desde las políticas del Estado.

En materia de Salud Pública y de Políticas sociales, los diferentes estamentos del Estado deben entender que tienen que asumir una problemática particular y creciente, con profundas modificaciones en la conformación de la sociedad, y que obviamente la respuesta no pasa por hacinarlos en geriátricos frente a un televisor.

Las políticas del Estado con relación a los adultos mayores, a presentado fluctuaciones ostensibles aún en países centrales a partir de los años `60, en que se hace claro que es insostenible para el Estado asumir un rol definido por los economicistas como "benefactor" y por los politicólogos como "Estado de Bienestar", originado en Europa luego de la crisis económica de 1929; en este caso, tanto por el seguro de desempleo como por las jubilaciones y pensiones, "porque esta es una de las grandes cargas" que pone en crisis al sistema, en el marco de la globalización. Una voz distinta plantea que el "problema" de los ancianos consiste en "redefinir su papel como ciudadanos activos de una sociedad civil y no como sujetos habitualmente pasivos, en tanto que clientes del Estado de bienestar, que sólo se movilizarían como partícipes de un grupo de presión interesado en mantener y promover, en su beneficio, ese Estado". En mi opinión no es deseable plantearlo como una dicotomía, en especial por lo que comentamos acerca del repliegue y hasta la ausencia del Estado en esta materia. De todos modos, en la actualidad cobran cada vez mayor trascendencia por la importancia del tema, pero también en relación directa con el grado de desarrollo de cada país, lo cual supone la mejor o peor cobertura de necesidades básicas de la población en general, y de la percepción de la magnitud del problema por parte de las autoridades en particular.

Muy distinta es la situación en países como el mío -Argentina-. En efecto, sus habitantes estamos acostumbrados por décadas completas a que el gobierno sea ocupado por personas que actúan como bomberos que limitan incendios antes que por estadistas que perciban la magnitud de los problemas a futuro y planteen soluciones y estrategias para enfrentarlos: "...Como siempre en este país, lo urgente impide hacer lo necesario", hasta que lo necesario se transforma en urgente..., pero a otro gobierno.

Y en el tema del envejecimiento, mi país debería implementar rápidamente políticas de fondo que sean abarcativas, teniendo en cuenta que es uno de los de menor crecimiento demográfico y con expulsión de personas jóvenes que buscan su futuro en otros países, lo cual explica la progresiva deformación de la pirámide etárea.

En el mundo, el progresivo incremento de personas con necesidades básicas insatisfechas es creciente. Y en nuestra región de América Latina y el Caribe, esta condición toma particular relevancia en lo que hace a grupos progresivamente marginados como los adultos mayores, bajo la condición que carecen de fuerza económica, sea como productor o consumidor. Este desplazamiento inhumano, fundado -cuando no--, en conceptos economicistas, parte de la imposición que estamos viviendo una crisis antes que un nuevo estado de cosas. La diferencia no es menor, ya que crisis supone oportunidades y conlleva la esperanza de cambio para mejor una vez superada. Pero está claro que a veces no hay peor angustia, peor sufrimiento, que la esperanza. Y no hay peor horror que el fin de uno mismo cuando sobreviene antes que la muerte y hay que arrastrarlo en vida.

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