Acaba de cumplir diez años y guarda en el armario de su cuarto una mochila. «Dice que es para cuando vuelva al colegio. No la quiere utilizar hasta entonces». Eva Reduello es la madre de G., y desde marzo de este año se ha tenido que enfrentar, junto a su marido, a una parte de su pueblo, Rincón de la Victoria (Málaga).

G. tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, a pesar de la intervención especializada que requiere su hija, no ha recibido ningún apoyo educativo por parte de la Junta de Andalucía por lo que, como explica su madre, «ha tenido reacciones desadaptadas» porque no tiene las mismas facilidades de comunicación que el resto de sus compañeros. Desde 2013, su tutora reclama ayudas a la Junta porque «la situación se estaba volviendo insostenible», pero la delegación no ofrece ninguna respuesta. A espaldas de la familia de la menor, los padres de los 20 alumnos con los que comparte aula protestan también ante la Administración. El 18 de marzo de este año, cuando la menor sale de clase, le cuenta lo ocurrido aquel día: «Han faltado todos los niños a clase», le dice. Eva se sorprende y, «por un recorte de prensa nos enteramos de que habían anunciado un día antes que los padres de sus compañeros habían decidido hacer huelga y no llevar a ninguno de sus hijos ese día al colegio y describen a mi niña como una acosadora». Estas acusaciones, de las que la menor es consciente a medias, son determinantes para que los padres decidan sacar a la niña del centro. «Los psicólogos que la tratan nos dicen que tiene sentimientos de culpa y que la han expuesto a una situación de exclusión, de acoso», sostiene la madre. «Yo quiero estar sola porque así no tengo problemas», le ha llegado a decir la pequeña a su madre.

No sólo dejan la escuela, también se cambian de barrio y «esperamos que la Administración nos dé una solución». Es más, dos técnicos de la delegación les aseguran que están buscando un plan adecuado que, al final, con los cambios de puestos tras las elecciones en Andalucía, no se dan. Hasta finales de septiembre no les notifican los siete centros en los que consideran que la menor puede matricularse porque no le permiten recibir clases en casa al no estar inscrita en ningún centro. Pero sólo unos días antes de esa notificación, la Fiscalía de Menores solicita la comparecencia de la menor sola por la apertura de un expediente por absentismo escolar, por posible desamparo. «No han tenido en cuenta en ningún momento que tiene autismo y que debe ir acompañada de un médico forense y de sus terapeutas». Por ello no acudieron y el abogado de la familia, Jesús Marín, remitió el pasado 4 de noviembre un escrito a la Fiscalía reclamando la necesidad de que la menor acudiera con los especialistas. No es la única medida judicial que ha interpuesto la familia. En el juzgado número de 1 de Málaga se ha remitido la denuncia que la familia ha interpuesto por la huelga que hicieron. Lo que clama al cielo, según Eva. «En este país hacerle una huelga a una niña autista es legal».

El problema que está atravesando esta familia es lo que buscan atajar desde el Ministerio de Sanidad con la Estrategia del Autismo que aprobó ayer el Consejo de Ministros cuyos objetivos son «proteger el derecho de las personas con TEA a la vida independiente, la autonomía y la igualdad» y se comprometen a evitar las disparidades autonómicas como las que se dan en los sistemas educativos. «Hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio para elaborarlo y es pionero en Europa, aunque aún queda trabajo por hacer e implantar medidas concretas», explica Miguel Ángel de Casas, presidente de Autismo España.

La Razón
8/11/2015