En los dos últimos años Julio Salom ha sido profesor de orientación educativa en el instituto Nicolau Copèrnic de Terrassa (Vallès Occidental). Trabajaba en la denominada aula abierta, es decir, con alumnos que padecen trastornos de conducta y tienen problemas de aprendizaje. Julio tiene una discapacidad congénita del 52% que le limita la movilidad en la parte derecha de su cuerpo. Como Julio, hay 170 profesores interinos en Cataluña con alguna discapacidad. Hasta el curso pasado, este colectivo tenía prioridad a la hora de conseguir una plaza en un centro escolar. Pero este año las cosas han cambiado, ya que el Departamento de Enseñanza que dirige Irene Rigau ha eliminado esta discriminación positiva para el colectivo. El resultado: Julio, y muchos de sus compañeros —la mitad, según la Generalitat— que a esta altura del año ya tenían destino adjudicado, no tiene trabajo para un curso que comienza el jueves.

“Da rabia mucha porque no nos han explicado el porqué. Tenemos una sensación de maltrato, de que no le importas a nadie”, se queja Julio, que, con otros treinta profesores que se encuentran en las mismas circunstancias, se han organizado en la plataforma Colectivo F1 —nombre de la cláusula que hasta ahora les daba esta prioridad en el nombramiento— para reclamar que se restablezca la situación anterior.

El Departamento de Enseñanza publicó el 13 pasado de mayo la resolución sobre los criterios para nombrar a los profesores interinos de cara al curso que empieza el jueves. La normativa eliminaba el criterio en que tener una discapacidad da más puntos para obtener una plaza. Enseñanza justifica esta decisión en que “no era un sistema justo”.

“Los discapacitados pasaban por encima del resto de sus compañeros, aunque tuvieran menos méritos. Ahora se les trata todos por igual”, explica una portavoz de Enseñanza, que añade que esta discriminación positiva no se daba en ningún otro sector de trabajadores públicos.

A Sandra Rusiñol, la eliminación de este criterio le cayó como un jarro de agua fría. Desde hace tres años trabaja como profesora de Lengua Catalana en el IES Carles Vallbona de Granollers. Sandra vive a escasos metros del centro. Padece porfiria, así que apenas le pueden tocar los rayos del sol. Convive con la enfermedad desde pequeña, pero no fue hasta hace pocos años que se le desarrolló, dificultando su vida diaria. En mayo le reconocieron la discapacidad, solo tres días antes de que la Generalitat cambiara las pautas para el nombramiento de los interinos. “Cuando me acreditaron la discapacidad lloré de alegría porque pensé que con estos criterios mi vida sería más fácil, pero al enterarme del cambio me hundí de nuevo”, lamenta Sandra.

Ese mismo mes se constituyó el Colectivo F1 denunciaron su situación por las redes sociales y se reunieron con los partidos de la oposición. Aseguran que se sienten abandonados por los sindicatos mayoritarios. El colectivo reclaman que se reestablezca dicha discriminación positiva, porque es la única forma de garantizarles un lugar de trabajo.



El Departamento de Enseñanza arguye que la discriminación positiva no se da en ningún sector público



“Hay gente con enanismo y otras patologías que causan rechazo social. ¿Quién nos contratará si no lo hace la Administración? La privada seguro que no”, asevera Sequero Vico, psicóloga y profesora del instituto Pla Marcell de Granollers. Con un 43% de discapacidad por una operación en el pie que le ha reducido la movilidad, Sequero tampoco ha conseguido plaza para el este curso, tras seis años como profesora en un ciclo formativo de técnico en atención a personas con discapacidad. La docente lamenta los prejuicios que pesan sobre el colectivo. “No nos contratan porque se piensan que vamos demasiado al médico, pero el curso pasado no falté ni un día”, reivindica.

“Tener una discapacidad no significa que no podamos hacer nuestro trabajo”, añade Sandra. El colectivo espeta a la Generalitat que defienda el concepto de escuela inclusiva —integración de las discapacidades—, pero solo cuando se refiere a los alumnos. “Hablan de la escuela inclusiva, pero después dejan a los profesores discapacitados fuera. Nosotros somos un modelo para los niños, porque somos gente que ha sufrido mucho y muy luchadora”, defiende Julio Salom.

Desde el sindicato Ustec, David Córdoba, responsable del profesorado interino, lamenta que “no se cuide a un colectivo que ya tiene suficientes problemas”. Reconoce que la Generalitat informó a los sindicatos de este cambio y añade que su organización propuso como alternativa que se mantuviera la prioridad en el caso de los interinos con un mínimo de cuatro años de experiencia.

El Departamento adjudicará, entre hoy y mañana, las últimas plazas de interinos. Son pocas y las que ningún docente ha pedido. El Colectivo F1 no tiene muchas esperanzas en que les toque alguna y, en todo caso, recelan de estos últimos nombramientos, ya que es raro que queden plazas que se ajusten a las necesidades especiales, principalmente de ubicación geográfica, que requieren estos docentes

http://ccaa.elpais.com
14/10/2013