La Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar a la Delegación de Pontevedra de la Consellería de Educación por revelar datos de salud y un informe de escolarización de una menor con discapacidad de Catoira, según informó ayer el abogado del Defensor del Paciente, Cipriano Castreje.

Los hechos por los que se sanciona a la Delegación Provincial de Educación, y que Protección de Datos cataloga como una “infracción muy grave”, se remontan a agosto de 2008, durante la etapa del gobierno bipartito en la Xunta, cuando los medios de comunicación gallegos publicaron datos de salud relativos a la hija menor de edad de la denunciante, la madre de la pequeña Mónica Sumay. Una información que “sólo pudo ser obtenida de fuentes procedentes de la propia Consellería”.

No es la primera batalla que esta familia gana a la administración. En agosto de 2008 la polémica por la escolarización de esta niña saltó a la prensa después de que la Consellería del anterior gobierno autonómico ordenase escolarizar a la pequeña en un centro de Educación Especial en Vilagarcía. Sus padres entendían que esta medida sería negativa para la educación de la niña ya que perdería el contacto con sus compañeros del CEIP Progreso de Catoira y dificultaría su integración social. Hace un mes, el juzgado de lo Contencioso de Pontevedra le dio la razón a la familia que conseguía que la niña se mantuviera escolarizada en su colegio de siempre.

Ahora Protección de Datos también les da la razón y señala que la delegación de Pontevedra de Educación infringió la ley al detallar datos personales de la niña. Se publicaban los antecedentes que resultaban de un informe de escolarización elaborado por el equipo de Orientación de la Consellería y se ofrecían detalles de salud de la menor tales como el grado de discapacidad, su retraso cognitivo, el grado de minusvalía o su nivel curricular, entre otros, que fueron publicados en prensa.



Dictamen “novedoso”



El letrado Cipriano Castreje explica que no le consta “otro precedente anterior”, al menos en Galicia, en que Protección de Datos sancione a una administración con una falta “muy grave” por lo que considera que la Consellería de Educación deberá “abrir un expediente disciplinario a los responsables de filtrar esta información a los medios”. “La familia espera ahora –dijo– una sanción para estas personas” incluso sin descartar que “sean apartados de su puesto de trabajo o inhabilitados para ostentar un cargo de libre designación” los funcionarios o empleados de la Xunta causantes de este fallo.

Además, los padres de la pequeña tienen previsto presentar un reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados, especialmente a la menor, por la divulgación de estos datos.

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27/04/2010