Invertir en su propia formación asegura la posibilidad de alcanzar un salario medio notablemente superior a los que no lo hacen, y esta ventaja se ha mantenido en el tiempo. Tener un alto nivel de educación hace disminuir también las probabilidades de estar en paro, aunque a menudo no evita el encontrar un trabajo cuyas tareas no requiera el nivel de formación que se posee. Estas son las principales conclusiones del informe sobre formación y mercado de trabajo, elaborado por un grupo de catedráticos y publicado por el Consejo General de Economistas.

A partir de los datos de 2002, 2006 y 2010, el informe indica que, frente a estudios primarios, la prima salarial por tener estudios secundarios obligatorios (ESO) está acotada aproximadamente entre el 8% y el 11%; de segundo nivel, entre el 38% y el 52%; la diplomatura, entre el 97% y el 110%; y la licenciatura, entre el 138% y el 159%, según el año de estudios.

Quien ha estudiado más tiene mejor salario

Para el nivel más alto –los estudios de doctorado– la prima salarial oscila entre el 141% en 2010 y el 191% en 2002. Lo que equivale a decir que estos salarios “se sitúan entre más del doble y casi el triple” que quienes no han terminado la ESO, en palabras de Oriol Escardíbul, vicerrector de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del estudio.

Si en lugar de comparar las diferencias de los distintos niveles educativos respecto a la escuela primaria, se elabora un índice en el que 100 es el salario bruto medio del conjunto de los empleados, el resultado es que la ventaja salarial de los que poseen algún título de educación superior frente a los demás se vería reafirmada. “En 2014, la media de los salarios brutos mensuales de los ocupados con una titulación de enseñanza terciaria era de unos 2.400 euros (prorrateadas las pagas extras), prácticamente un 30% superior al dato para la población empleada”, afirman, en el mismo informe, los catedráticos de la Universidad Autónoma de Barcelona Martí Parellada y Montserrat Álvarez.

El 25% de los graduados está cualificado en exceso

Más allá del sueldo que pueda llegar a ganar, uno de los problemas con lo que un titulado universitario deberá lidiar será la sobrecualificación. A finales de 2014, uno de cada cuatro graduados en el curso 2009-2010 declaraba al INE que su título no era necesario para el puesto que cubría. Este porcentaje era más alto entre los titulados en ciencias sociales y jurídicas y en artes y humanidades (32,3% y 32,1%, respectivamente) frente a los demás, o para las mujeres (27%) en comparación con los hombres (22,7%), o los egresados de universidades públicas (27%) con respecto a las privadas (15,8%).

Para mejorar la inserción laboral de los graduados, Parellada y Álvarez sugieren, entre otras soluciones, un cambio en el modelo productivo. En su opinión, es necesario “un mayor peso de los servicios basados en el conocimiento y de los sectores de alta intensidad tecnológica, en vez de servicios tradicionales, como el turismo, e industrias de tipo más tradicional, como la alimentación o el textil, con poca demanda de empleados con un alto nivel educativo”. No por casualidad, en 2015 España era el quinto país de la UE con un menor porcentaje de trabajadores entre 25 y 64 años ocupados en tareas de alta calificación (el 32,9%, frente al 40,7% de la media europea); pero estaba entre los 12 países con un porcentaje mayor de población de estas edades que poseía una titulación de nivel terciario (35,1%, cinco puntos por encima del conjunto de la UE), señalan estos economistas.

Frenar desempleo, temporalidad y paro de larga duración

Con todo, el informe destaca que, en 2015, los graduados superiores presentaban una tasa de actividad del 89,6%, ocho puntos porcentuales por encima del dato para el conjunto de la población; una tasa de ocupación del 78,5%, es decir, 14 puntos más; y una tasa de paro del 12,4%, ocho puntos menos.

Para atajar las fuertes tasas de desempleo (55,5%), de temporalidad (64,7%) y de paro de larga duración (39,4%), que golpeaban en 2013 a los jóvenes de 15 a 24 años de edad, Marta Rahona, del Departamento de Economía y Finanza Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, propone tres medidas. Por un lado, eliminar la dualidad en el mercado de trabajo, a través del contrato único indefinido cuya indemnización por despido aumente conforme el trabajador acumule antigüedad en la empresa. Por otra parte, establecer un salario mínimo juvenil, inferior al salario mínimo general. Y, por último, implementar políticas de reducción del abandono educativo prematuro, que alcanza en España un nivel doble que en la Unión Europea.

El País
9/10/2017