El Colegio profesional pide el apoyo económico del Instituto de Servicios Sociales para un proyecto dirigido a atender a la población en riesgo de pobreza o exclusión social

Los logopedas cántabros quieren acercar su atención especializada a la población que nunca podrá pagársela de su bolsillo, porque a duras penas llega a fin de mes, y que tampoco tiene opciones de recibirla a través del sistema público, donde «la terapia en adultos prácticamente está limitada a la rehabilitación del ictus, con una larga lista de espera por delante». Con ese fin, el Colegio Profesional de Logopedas (CPLC), representado por la Unión de Trabajadores Autónomos (UTAC), ha presentado al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) un proyecto piloto -bautizado como 'Logos: hablando de empleo'- con el que aspira a «proporcionar atención logopédica a los ciudadanos de Cantabria que la necesiten, que no estén cubiertos por los servicios sanitarios públicos y que, por razones económicas, personales o familiares, no pueden recibirla de manera privada», apunta la presidenta de la entidad, María Jesús Franco.

El proyecto va dirigido a personas en riesgo de exclusión social, de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, con un nivel de empleabilidad medio-bajo, como son aquellas personas en situación de dificultad social, con discapacidad comunicativa y desempleados de larga duración. «Estamos convencidos de que con nuestro apoyo mejorará de manera importante sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, por cuenta propia o ajena, y por tanto conseguirán un mayor grado de inserción sociolaboral».

Según los cálculos del Colegio profesional, «más de 22.000 cántabros en riesgo de pobreza o exclusión social necesitan logopeda mediante intervención directa en sesiones individualizadas. Pero si se amplía el abanico a quienes precisan de «una intervención indirecta de prevención o tratamiento, a través de talleres de formación a familiares de afectados», el dato «alcanzaría a los 150.000». Una conclusión extraída a partir de la tasa de pobreza publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según su último informe, el 24,6% de la población de Cantabria no cuenta con suficientes recursos económicos para llegar a final de mes. Así que no pueden ni plantearse recurrir a la consulta de un logopeda.

Desde el Colegio profesional confían «en la sensibilidad y en el compromiso de nuestros políticos con la salud y el empleo, en especial con los más golpeados por la crisis». Y por ello, solicitan a Servicios Sociales la financiación de este proyecto, con un coste de casi 20.000 euros, que tendría una duración de seis meses, «aunque el objetivo es que se prolongue en el tiempo y no se quede en una experiencia piloto», apunta Franco. Con ese montante se prevé atender a 300 participantes, de ellos un centenar serían beneficiarios de sesiones individuales de rehabilitación (cuatro por persona, de 45 minutos de duración) y el resto recibiría atención de forma grupal.

La puesta en marcha de este proyecto precisaría de la coordinación entre Servicios Sociales y los ayuntamientos designados por la Consejería para su desarrollo. En principio, la propuesta que se ha trasladado desde el Colegio sitúa los talleres en Santander, Torrelavega, Reinosa, Santillana del Mar, Cartes, Piélagos y Santa Cruz de Bezana. La presidenta del CPLC señala que «el personal técnico necesario para el proyecto sería seleccionado de la bolsa de empleo de la entidad».

Tras evaluar las necesidades de cada participante, se trabajarán sobre las distintas áreas que abarca la logopedia, una profesión sanitaria cuya función es prevenir y rehabilitar problemas y enfermedades relacionadas con la comunicación humana (cognición, habla, lenguaje, voz y audición), así como las derivadas de las funciones orales asociadas, tales como la respiración, la succión, la masticación y la deglución.

El diario Montañes
31/08/2017