La representación departamental de la Defensoría del Pueblo de La Paz y varias organizaciones que trabajan con la temática de la discapacidad, dieron inicio al trabajo del Observatorio para el cumplimiento del 4% de inclusión laboral de personas con discapacidad, cuyo objetivo principal es vigilar que las instituciones públicas y privadas cumplan lo establecido en la norma, además de contribuir a la apertura de espacios laborales para este sector de la población.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que esta iniciativa es una de las más importantes en el trabajo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad "que sufren discriminación sistemática y permanente en todos los ámbitos de su vida, debido a que la sociedad está guiada por el individualismo, la subvaloración de la diferencia y la insensibilidad".

Villena comprometió el apoyo institucional de la Defensoría para las gestiones que realicen, además indicó que pedirá a sus representaciones departamentales que promuevan e impulsen iniciativas semejantes.

"La vigilancia para que se cumpla este derecho es fundamental, porque exige que las normas dejen de ser meros enunciados y beneficie a un grupo importante de la población en cuanto al derecho al trabajo y porque enfrenta un ámbito de discriminación tan injusto como naturalizado", dijo.

Por su parte, Cecilia Tamayo, representante de la Fundación Afasia que trabaja con personas con discapacidad auditiva, manifestó que ese 4 por ciento de inclusión laboral que señala la ley debería incrementarse hasta un 10 por ciento y que se debe emprender acciones para luchar contra el maltrato que ese grupo población sufre en sus fuentes de trabajo.

El Observatorio está conformado por las organizaciones Ángeles de Dios, Aywiña, Asociación Departamental de Deporte Integrado (Asodein), Asociación de Sordos de La Paz (Asorpaz), Fundación Afasia, la organización de personas con discapacidad auditiva Asensoral, Asociación Responsable de Jóvenes Sordos para el Futuro de la ciudad de La Paz (Arojosofel) y la Unidad de Discapacidad de la Alcaldía de La Paz.

Entre las funciones que cumplirá este Observatorio está el solicitar informes al Ministerio de Trabajo sobre la contratación de personas con discapacidad; desarrollar estrategias de inclusión laboral con las instituciones públicas que no cumplen con la norma vigente; y realizar actividades con las jefaturas de Recursos Humanos de las instituciones estatales y privadas para sensibilizar e informar sobre las capacidades laborales de este grupo poblacional.

Además se realizará el seguimiento al cumplimiento de la "responsabilidad social empresarial" en reuniones con empresarios privados y se incidirá en los responsables de las direcciones de Institutos de Formación Superior para la otorgación de becas en la capacitación de personas con los tres tipos de discapacidad.

Lo que ordena la ley

La Ley General para Personas con Discapacidad señala en su artículo 5 numeral 19 Inclusión laboral: "Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y adaptados, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna".

Asimismo, el Decreto Supremo 29608 señala en su artículo 4 que las instituciones públicas del Órgano Ejecutivo y otras como las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Universidades Públicas además de empresas privadas, "tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad en un promedio mínimo de 4% del total de su personal, además establece el derecho a un trabajo "exactamente igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas".

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12/03/2014