El Estado de Honduras se expone a demandas internacionales por carecer de servicios de salud y educación a menores que padecen trastornos especiales como el autismo y dislexia.

Así lo advirtieron ayer autoridades de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, al ser abordados por EL HERALDO sobre la problemática que enfrenta este sector vulnerable de la población.

“Sí, evidentemente, creo que tenemos una especie de responsabilidad solidaria los operadores de justicia”, expresó el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.Recalcó que es una violación de derechos humanos el no contar con aulas recursos para atender en materia educativa a quienes padecen de autismo y dislexia, que por esta causa deriva la no admisión de los mismos en centros educativos. Igualmente, por no contar con acceso a hospitales públicos del país por carecer de especialistas.

“Podemos considerarlo como una omisión administrativa, puede ser que tengamos una política de Estado que esté proyectado a la atención integral de las personas con capacidades diferenciadas o en condiciones físicas específicas, pero no se está materializando”, lamentó el fiscal. Por tanto, hay un deber de atender lo que está ordenado en documentos.



Reactivar aulas



Recordó que ya existen disposiciones que obligan a las autoridades disponer de espacios adecuados, con personal técnico, capacitado, para dartratamiento a las personas que requieren este tipo de atención.

“El Estado debe vigilar que en los centros educativos, para el caso, se cuente con las aulas recurso, con los implementos técnicos, para que estas personas tengan las alternativas de desarrollar aquellas capacidades que, derivadas de la atención calificada, puedan obtenerse”, expresó. Con respecto a la asistencia médica, instó a que los hospitales públicos deben contar con el personal y capacidad material para atender a estas personas.

En el caso particular del Ministerio Público (MP) dijo que está obligado a intervenir cuando hay avisos de discriminación, dejando de lado a este segmento que es igualmente importante, y sí privilegia a un sector social.



Responsabilidades



Compete a organismos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que acuda a las autoridades responsables, fije las observaciones que se deben hacer y establezcan un término en que se deban llevar a cabo.

“En caso de incumplimiento estaríamos ante una comisión de una desobediencia que estaría obligado hacerlo del conocimiento de un juez”, advirtió. Asimismo, conllevaría a deducir responsabilidades de tipo administrativo.

“Lo interesante es la consulta obligada al titular del Poder Ejecutivo en cuanto a qué gestiones ha hecho a este respecto a través de sus Secretarios de Estado”, indicó el fiscal. Esta consulta la formulará el MP, a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, para determinar el paso a seguir en pro de hacerles valer sus derechos.

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4/05/2012