La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció hoy que el próximo mes de septiembre llevará al Consejo de Ministros un Real Decreto para impulsar el etiquetado en braille en algunos productos para que las personas con algún tipo de discapacidad visual pueda tener menos dificultad a la hora de realizar la compra en los supermercados y resto de superficies de distribución.

Así lo reveló hoy durante la inauguración del 'Seminario sobre seguridad de los consumidores' que está teniendo lugar hoy en Palma, donde, además, detalló que este etiquetado en braille no se desarrollará en todos los productos, sino sólo en los que pueda haber confusión, como una botella de lejía y una de champú, ejemplificó.

Esta iniciativa ha sido consensuada con el Ministerio de Industria y diferentes organizaciones de personas con discapacidad y, además, incluye que el tamaño mínimo de la letra de las etiquetas de los productos de alimentación debe ser de 1,2 milímetros, cuando antes únicamente se indicaba que tenía que tener una medida "legible".

La responsable de Sanidad del Ejecutivo central subrayó la importancia de la seguridad de los consumidores, algo para lo que consideró primordial el incremento de la colaboración entre los países para garantizar el máximo nivel, puesto que los productos de consumo tienen diferentes normas de fabricación.

En este sentido, se refirió a diferentes "avances" alcanzados como el proceso de revisión en el que se encuentra la Directiva de seguridad de los productos, que actualmente está en consulta pública, o el sistema de intercambio rápido de informaciones sobre los productos peligrosos, conocido como Rapex.

SISTEMA RAPEX

El Rapex alerta de los productos potencialmente peligrosos o que no cumplen la normativa exigida y que, además, ofrece información a los consumidores y usuarios de éstos. Además, España ha trasladado este mecanismo a las autonomías mediante la Red Alerta, que "funciona muy bien".

Los productos más notificados de manera global fueron los juguetes (23,2%), aunque en España el mayor número de alertas correspondió al calzado. Asimismo, la ministra señaló que la mayoría procede de países asiáticos (60,68%), especialmente de China, mientras que los de fabricación europea representan un 16,87 por ciento y los de origen desconocido un 18%.

En 2009 el Instituto Nacional de Consumo gestionó 2.875 notificaciones. De éstas, 864 fueron generadas por las Comunidades Autónomas, 2.011 por la Comisión Europea mediante el sistema Rapex y 78 por los rechazos en las aduanas a productos que podían suponer un riesgo grave.

Estos datos suponen un aumento del 15 por ciento respecto al año anterior y sitúan a España como el país que más alertas ha incorporada, seguido por Alemania. Además, Baleares generó un total de 13, un 2 por ciento del total.

Jiménez también abogó por que las políticas de consumo no sean un "departamento estanco", sino que sea un asunto transversal que esté presente en todas las iniciativas desarrolladas por el Gobierno.

Por su parte, el presidente del Govern, Francesc Antich, señaló que la comunidad balear tiene una gran dependencia de los productos y servicios ofrecidos por empresas del exterior debido al sector turístico, por lo que destacó la "intensa labor" en cuanto a normativa, inspección y formación que se está llevando a cabo en las islas.

Además, manifestó que el "reto" del Ejecutivo balear es implantar una nueva cultura en el archipiélago para que exista un consumo "saludable, seguro, solidario y sostenible".

La inauguración del seminario contó también con la asistencia de la directora de Políticas de Consumo de la Comisión Europea, Jacqueline Minor, y la presidenta de la Comisión para la Seguridad de los Productos y los Consumidores en EEUU, Ines Tenenbaum

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1/08/2010