Analizar las medidas de protección jurídica y social para evitar la incapacitación total como solución única y fácil a la pérdida de las capacidades cognoscitivas. Éste ha sido el eje sobre el que ha pivotado el trabajo de un grupo multidisciplinar de expertos formado por neurólogos, geriatras, psiquiatras, psicólogos, notarios, jueces, fiscales, abogados, cuidadores y asociaciones de pacientes.

En la presentación en Almería del denominado documento Sitges, elaborado por la Sociedad Española de Neurología, han participado Marcelo Berthier, neurólogo del Centro de Investigación Médico-Sanitaria de la Universidad de Málaga, Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz, fiscal y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Jaén, y Pedro Serrano Castro, neurólogo y coordinador de la Unidad de Gestión de Neurología del Hospital Torrecárdenas. El acto contó con el patrocinio del laboratorio Lundbeck y la asistencia de más de 300 profesionales relacionados con el documento que trata de concienciar a la población de las posibilidades reales de las personas que sufren algún tipo de demencia, y establece los criterios para su incapacitación.

Este documento constituye una declaración en defensa de los derechos de las personas que por diferentes motivos pierden facultades mentales o desarrollan demencia. Su objetivo principal ha sido revisar las medidas de protección médica, jurídica y social para evitar la incapacitación total de los dementes, porque "la demencia no es sinónimo de incapacidad mental".

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres sufren Alzheimer en Europa actualmente, manifestó el doctor Berthier, lo que supone un coste anual de 84 billones de euros. El aumento de las demencias es debido al envejecimiento general de la población, al aumento del número absoluto de mayores de 65 años y la mayor supervivencia de los enfermos después del diagnóstico. La persona enferma, afirmó Berthier, tiene derecho a querer saber y a no saber sobre su enfermedad, debiendo el médico respetar y fortalecer su libertad.

Por su parte, el fiscal Cristóbal Fábregas se refirió a las nuevas corrientes en el proceso de la incapacitación, así como a los nuevos instrumentos como la autotutela, los poderes preventivos, o la guarda de hecho. El documento, manifestó Fábregas, es un elemento de reivindicación de multiprofesionalidad que busca aportaciones entre todos los sectores implicados. Las resoluciones jurídicas se han de ajustar a la situación de falta de capacidad, colaborando con los médicos ante una falta de autogobierno, y procurando una mínima intervención en la restricción de derechos.

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31/12/2009