La dislexia, el déficit atencional o las discapacidades visuales, auditivas y motoras no son un impedimento para convertirse en profesional, pues las universidades están cada vez más anuentes a aplicar adecuaciones curriculares en sus planes de estudio.

Tal como ocurre en primaria y secundaria, en la educación superior los alumnos reciben apoyos psicopedagógicos que les ayudan a aprender: tienen más tiempo para realizar los exámenes, asisten a tutorías fuera del horario lectivo, poseen copias en braile de los temas que el profesor desarrolla en clase, tienen traductores de lesco en el aula o reciben alguna otra asistencia metodológica.

No existe un censo total, pero se sabe que un 2% de los alumnos que harán este año los exámenes de ingreso a las universidades públicas manifestó tener alguna dificultad que podría afectar su desempeño académico, y solicitó que se le aplique alguna adecuación en las pruebas.

Según la Unión de Rectores de las universidades privadas (Unire), en esos centros también ha aumentado la matricula de alumnos con limitaciones cognitivas, físicas o emocionales.

Los especialistas afirman que la incidencia de las patologías no se ha incrementado, sino que simplemente, antes de que en 1996 fuera aprobada la Ley 7.600 que aboga por la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, a quienes las padecen ni se les ocurría la posibilidad de seguir una carrera universitaria.

“Si el entorno es favorable, una persona puede llegar adonde quiera. En cambio, si el ambiente no es propicio, no podrá salir de su habitación”, dijo Lizbeth Alfaro, jefa del Centro de Asesoría a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Costa Rica.

Esa entidad ha acompañado, durante los últimos 12 años, a alumnos con enfermedades terminales o psiquiátricas, con síndrome de Down o problemas auditivos, que han logrado integrarse a la comunidad universitaria. Para cada caso, diseñan las adecuaciones pertinentes y le dan seguimiento durante los años que a esos estudiantes les lleve concluir sus estudios.

Y es que ninguno de los apoyos garantiza que aprueben las materias o que se gradúen. “Eso depende solo de su compromiso y deseo de superación”, expresó Alfaro.

Igual contenido. “Uno de los factores que ha tenido una mayor influencia en la exclusión social de las personas con discapacidad es su bajo grado de acceso a la formación, sobre todo a los niveles superiores del sistema educativo. Está claro, entonces, que debemos hacernos responsables” , comentó Albán Bonilla, director de la Unire, quien, al igual que Alfaro, sostiene que es posible atender a esta población sin eliminar contenidos ni disminuir la exigencia.

La legislación costarricense les da la razón: un fallo de la Sala Constitucional dice que, sobre cualquier consideración, las universidades deben velar por que cada uno de sus graduados tenga los mismos conocimientos e igual capacidad para desenvolverse como profesional.

Nacion.com
16/09/2008